El próximo 2 febrero entrará en vigor la nueva regulación sobre desplazamientos de conductores entre países de la Unión Europea, diseñada para luchar contra las denominadas “empresas buzón” y la competencia desleal en el transporte.

El paquete europeo de Movilidad del transporte de mercancías aprobado por la Unión Europea en junio de 2020 introdujo una serie de novedades importantes, de implantación progresiva que buscan por un lado luchar contra la competencia desleal en el sector y por el otro armonizar las legislaciones europeas en materia social, laboral y fiscal que regulan el sector para que todos los conductores europeos sean iguales.

La nueva regulación que entra en vigor en unos días, exige a los países miembros que los conductores que circulen por sus territorios realizando operaciones de transporte internacional o de cabotaje perciban el salario mínimo del país en el que el transporte es efectuado, excluyendo de dicha obligación a los transportes en tránsito (los que pasan por un país en su viaje a otro país, en cuyo caso cobrarían el salario mínimo estipulado para los transportistas nacionales que operan en el país de destino) así como a los transportes bilaterales.

Esto obliga a las 33.000 empresas operadoras de transporte internacional en España, según Fenadismer, a registrarse en una plataforma telemática específica puesta en marcha por la Autoridad Laboral Europea, denominada IMI, para enviar toda la documentación necesaria y obligatoria para realizar este tipo de servicios. Allí estará a disposición tanto de sus conductores como de las autoridades de control de la UE.

El 2 de febrero es la fecha límite para que las empresas operadoras del transporte de mercancías se registren en la plataforma, hayan o no traspuesto sus países la normativa europea a su propia legislación nacional. De esta forma quedarán derogados los anteriores registros de desplazamientos que algunos estados miembros como Francia, Alemania o Bélgica habían puesto en marcha, siendo sustituidos por esta nueva Plataforma multilingüe.

Las declaraciones de desplazamiento tendrán una duración máxima de seis meses y podrán ser modificadas, canceladas y eventualmente renovadas a través del IMI. La plataforma también permitirá imprimir o enviar por correo electrónico dicha declaración al conductor. Este documento, junto el CMR o documento de transporte y los registros del tacógrafo, podrán ser solicitados por las autoridades de control de los estados miembros.